Confirmamos la corrupción en el PAMI local. Las pruebas que no puede sortear ni rebatir el representante de LLA en Santa Cruz, Jairo Guzmán.
En los dos informes anteriores revelamos la mecánica que usa el titular del PAMI en Santa Cruz y referente del partido La Libertad Avanza en la provincia, Jairo Guzmán, para recaudar fondos, aparentemente, para el partido de Javier Milei, exigiendo y extorsionando al personal del ente, para que de sus sueldos aporten el 10 o 15% a LLA.
Reproducimos audios del propio Guzmán hablando con el ex delegado de Caleta Olivia Sergio Torres, quien lo denunció penalmente; también publicamos varias capturas de conversaciones de Wathsapp que mantuvo Guzmán, Oyarzo y otros colaboradores con el propio ex funcionario del PAMI en zona norte; respuestas a Torres de una médica que no estuvo dispuesta a ceder a esta extorsión de Guzmán, donde su ingreso era condicionado por el aporte obligatorio y terminó renunciando al cargo y también mostramos cómo en otros entes nacionales (AFIP, Migraciones, Trabajo, etc) Guzmán exige el mismo pago y además, le pide a los funcionarios el envío, via WP, del comprobante del depósito o transferencia, pero lo más curioso y realmente sospechoso, es que no lo deben hacer a una cuenta del Partido, sino a una cuenta personal. Esto, claro está, además del accionar extorsivo del titular del PAMI y LLA en Santa Cruz, pone en duda el verdadero destino de esos fondos y el cuestionamiento, por parte de quienes son obligados a realizar el aporte, es si ese dinero, en realidad, no va a parar a los bolsillos de un grupo de vivos que lucra indebidamente con ese aporte obligatorio.
Las compras a nombre del PAMI
Hoy publicamos en exclusiva las facturas por la compra de las cámaras de seguridad con (supuesto) destino a la delegación local del PAMI y que, como dijimos en nuestro primer informe de esta investigación, fueron colocados en el salón partidario de La Libertad Avanza en calle JA Roca poco tiempo después de su inauguración el 10 de octubre 2024.
El titular del PAMI local, tomó la decisión de adquirirlas, luego que viviera momentos tensos, ante manifestantes que repudiaron la llegada de Martín Menem a Río Gallegos, para el acto partidario donde el propio Jairo Guzmán se desentendió de la seguridad, creyendo que todos los iban a aplaudir como “los salvadores” que se creen en ese partido, cuando en realidad, intentan hacer pie en una provincia con más de 30 años de kirchnerismo explícito y después de haberle “mojado la oreja” al peronismo provincial, alquilando el mismo local partidario que usaba el FPV en cada campaña de los últimos 20 años, gritándolo a lo cuatro vientos para que la gente se sumara a su festejo. La falta de conocimiento y la improvisación de la que hizo gala Guzmán en esa oportunidad, donde no dispuso seguridad ni protección preventiva, se la hicieron notar posteriormente, desde el entorno de Karina.
Precisamente ocho días después de los incidentes, el 18 de octubre de 2024, Jairo Guzmán decidió la compra de las cámaras de vigilancia en la sede de la LLA, pero para ello, lo justificó administrativamente en el PAMI, argumentando que eran elementos necesarios para la seguridad de la delegación local de la obra social de los jubilados nacionales. Obviamente, se trató de una acción premeditada para que el erario público sostuviera un gasto partidario que lo hacía con cargo al PAMI.
Por factura N° 5483 del 18 de octubre 2024 de la empresa RFC, ubicada en Alberdi 573 de Río Gallegos, a nombre de PAMI – Perito Moreno 467 de esta capital, se adquirió una cámara Tapo C320S por $ 76.075,97; dos cámaras TAPO C310 IP WFI $ 68.320,81 cada una, por $ 136.641,62 y tres Micro SD Canvas 128 GB Kin a $ 14.900,00 cada una y $ 44.700,00 las tres tarjetas haciendo un total de lo facturado de $ 257.417,59.
Por Factura N° 5484 del 18 de octubre 2024 adquirió un extensor de señal USB TP-LINK por un valor de $ 31.150,61 y un disco rígido externo de 1 TB-USB por $ 110.146,64. Pagó en total: $ 148.297,25.
La inversión total realizada para instalar cámaras en el local de LLA, de acuerdo a la documentación en nuestro poder, sin contar con la mano de obra para la colocación de las mismas, ascendió a $ 405.714,84.
Retiro de muebles
Otra de las pruebas que tenemos en nuestro poder y que son irrefutables en relación a la información que dimos a conocer en nuestro primer informe relacionados con los muebles que Guzmán retiró de la delegación local del PAMI y llevó al salón partidario, pudimos acceder a fotografiar la hoja del libro de guardia que un efectivo de la Policía Federal lleva con el registro de entradas y salidas del personal, visitas y bienes que ingresan o se retiran del local.
Allí a las 20:25hs se registra el retiro de “un (01) escritorio y dos (02) sillas tipos escritorio, del complejo” que hacen Lucas Oyarzun y el Director Guzmán” escribió textualmente y a mno el personal de seguridad, haciendo alusión, obviamente, a Jairo Guzmán, lo cual quedó registrado en las cámaras de vigilancia externas de la ferretería Surco, que se encuentra sobre la misma vereda y a pocos metros de la delegación del PAMI y dónde, debido a un par de denuncias anónimas radicadas en el sistema federal de justicia, el juez ordenó un allanamiento en dicho comercio, con el fin de constatar las imágenes del momento en que los muebles eran cargados a una camioneta.
Como ya lo relatamos en nuestro primer informe, recordemos que cuando Jairo Guzmán se entera que alguien lo había denunciado por sacar los muebles (posiblemente por la infidencia de algún empleado de la ferretería), ordenó traer el escritorio y las sillas que había sacado anteriormente, operación que también quedó registrada en las cámaras exteriores de los vecinos de la cuadra.
De esta manera, se suma la comprobación de un hecho más que está relacionado con una serie de denuncias penales y públicas hechas alrededor del actual administrador del PAMI en la provincia Jairo Guzmán, su segundo a cargo Lucas Oyarzo, Maximiliano Krueger, Maximiliano Acuña y otros funcionarios/empleados que militan en La Libertad Avanza y para lo cual, tienen un método de extorsión a fin de recaudar ilícitamente, dinero entre los empleados y profesionales contratados en la Obra Social que ejecutan mediante aprietes que están plenamente corroborados, comprobados y probados. (Agencia OPI Santa Cruz)