A las 03:00 de la madrugada del sábado 21, Pico Truncado rozó el abismo. La Escuela Provincial N.º 45 amaneció convertida en una cámara de gas: todas las hornallas de la cocina industrial abiertas, el edificio saturado de combustible invisible, el silencio impregnado. No hubo vidrios rotos ni picaportes forzados. No hubo robo. Solo un mensaje execrable: «Podemos hacerlos volar cuando queramos».
Imagine usted, madre, padre, que deja a su hijo a las ocho de la mañana.
¿Qué habría pasado si una chispa —un interruptor, un encendedor, un simple roce estático— hubiera encendido el aire?
¿A quién le devolverían a su niño?
¿Quién recogería las mochilas hechas añicos, los cuadernos calcinados, los sueños dispersos?
¿Quién abrazaría a los hermanos que esperan en casa?
¿Quién consolaría a los docentes obligados a reconocer a sus alumnos por la ropa quemada?
No hace falta un peritaje para entender que esto fue un acto premeditado, frío y criminal. Y cuando se pregunta «¿quién?», las miradas ya no se desvían: apuntan al Concejo Deliberante, al dúo incómodo de los concejales Sandoval y Morón. Su obsesión por bloquear cada obra provincial, su furibunda resistencia a la reconstrucción educativa y su desesperación por retener poder alimentan una sospecha que crece como mancha de petróleo: oscura, pegajosa, imposible de disimular.
La sospecha se vuelve evidencia
Las investigaciones en curso ya comenzaron a arrojar datos contundentes. Testimonios, registros de ingreso, vínculos con personal que tenía acceso al edificio y comunicaciones internas están siendo analizadas. Según fuentes reservadas, todos los indicios apuntan a personas del entorno directo de los concejales.
«No fue un acto vandálico. Quien lo hizo sabía lo que hacía. Sabía cuánto gas liberar, qué válvulas tocar y cuánto tiempo tenía para escapar sin dejar rastros visibles», reveló una fuente con conocimiento del caso.
Voces que queman
«El que juega con la vida de nuestros hijos debe terminar preso, sin excusas ni fueros», bramó un funcionario provincial con la voz quebrada de padre.
«Nos quieren devolver las clases en bolsas negras»
«El sábado fue la Escuela 45, pero mañana puede ser cualquier otra», advirtió la madre de un alumno preocupada.
El repudio se multiplicó. Vecinos, gremios y comerciantes —de Río Gallegos a Caleta Olivia, de El Calafate a Las Heras— gritaron ¡Basta! Santa Cruz entera exige justicia. Quien abre gas en una escuela lo hace para matar; y si esa intención nace de una calculadora electoral, el delito escala a la monstruosidad.
Tres preguntas que queman más que el gas
- ¿Quién garantiza que mañana la escuela no amanezca convertida en pira?
- ¿Cuánto vale el futuro de un niño frente a la ambición de un concejal?
- Si la tragedia ocurre, quién cargará con los nombres, las edades, las sonrisas perdidas?
La provincia avanza —con tropiezos, sí— en la reparación de aulas abandonadas durante años. Pretender frenarla con olor a pánico revela cobardía. Las familias santacruceñas ya no piden explicaciones, exigen condenas.
La educación se defiende.
La vida se respeta.
La política que apesta a miedo y pólvora debe ser desenmascarada y juzgada.
Santa Cruz no retrocederá ante quienes perdieron el pulso democrático y eligieron el olor a muerte como argumento. Jugar con gas no es advertencia: es sentencia de muerte. Y la única respuesta civilizada es la Justicia, firme y total.
¿Hasta dónde llegará la ambición de poder?
Fuente Prensa de Santa Cruz.